martes, marzo 24, 2009
Proceso de Bolonia: la última oportunidad para modernizar la universidad española
José Campos Trujillo, secretario general de la FECCOO y miembro del Comité Ejecutivo Mundial
Si tenemos en cuenta que en la Unión Europea las cuestiones relacionadas con la educación son competencia exclusiva de cada uno de los estados miembros, el proceso de Bolonia puede ser la última oportunidad de modernizar la universidad española en un sentido convergente con Europa. A pesar de las opiniones que mezclan Bolonia y mercantilismo, privatización o elitismo, hemos de hacer un ejercicio de rigor y apreciar lo que realmente significa este proceso, además de asumir, cada uno de los agentes implicados, nuestra responsabilidad sobre el modo en que se está implantando en nuestro país.
Sin especificar los aspectos de carácter práctico sobre el proceso de convergencia (ECTS, suplemento al título, grado y postgrado, etc…), queremos reseñar aquellos que parecen obviarse en el debate, y que son el componente de profundidad de esta iniciativa conjuntada de los gobiernos de los países de la Unión Europea y más allá.
Así, de la Declaración de la Sorbona destacamos lo que se predica de que “…Europa no es sólo la Europa del Euro, los bancos y la economía. Tiene que ser también la Europa del conocimiento.”, como afirmación fundamental destinada a entender que las universidades y los gobiernos que las amparan tienen la voluntad manifiesta de construir “ciudadanía europea”.
En la Declaración de Bolonia se subraya que “la Europa del conocimiento es un factor para el desarrollo social y humano como componente indispensable para consolidar la Europa de los ciudadanos”. Y más: “La Declaración de la Sorbona enfatizó la creación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) como clave para promover la movilidad ciudadana y de empleo y el desarrollo de todo el continente”. Y abundando en lo mismo: “Las instituciones europeas de Educación Superior han aceptado el reto de construir un EEES y han aceptado los Principios Fundamentales de la Carta Magna Universitaria de Bolonia de 1988, dando máxima prioridad a la independencia y autonomía universitaria para asegurar que la educación superior y la investigación se adapten a los cambios, demandas sociales y a los abanicos científicos del conocimiento”.
A ello hemos de unir que otro de los caminos que asume el proceso es el reconocimiento de la formación previa, independientemente del modo y el tiempo en que ésta fue adquirida, vinculándose al aprendizaje a lo largo de la vida.
Estas manifestaciones, a partir de las cuales se empieza a notar en el proceso la participación e implicación de las asociaciones de universidades europeas y de los estudiantes, nos ayudan a definir el proceso de Bolonia como un fenómeno profundamente social, que se completa con el aseguramiento de la calidad, promoción del espacio europeo de educación superior, “… todo ello respetando la diversidad cultural, las lenguas, los sistemas de educación nacionales y la autonomía universitaria…”.
El siguiente paso (Praga, 2001) incorpora de pleno derecho en la construcción del proceso de Bolonia a los estudiantes y a las propias universidades.
A continuación, la siguiente conferencia (Berlín, 2003) se ve influida grandemente por sus nuevos miembros. Los ministros y ministras convienen en su declaración: La dimensión del Proceso de Bolonia es incrementar la competitividad promoviendo las características sociales del EEES, potenciando la cohesión social y reduciendo las diferencias sociales.” Y, lo que a nuestro juicio es mucho más importante, aseveran que la educación superior “es un bien público y una responsabilidad pública”. Asimismo, los ministros con competencias en Educación Superior subrayan la importancia, para la consolidación del proceso, de reforzar el diálogo con las instituciones y entre las instituciones y los trabajadores.
En esa misma dirección los ministros se comprometen a incrementar las ayudas y becas a los estudiantes, a que el crédito no sea sólo transferible, sino también acumulable, potenciar los programas para la promoción de la diversidad lingüística y su aprendizaje para reforzar la identidad europea, la ciudadanía y el empleo y proveer de oportunidades a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta sus aspiraciones y habilidades para seguir los cambios del aprendizaje a lo largo de la vida.
El siguiente paso dado (Bergen, 2005) establece que “la dimensión social incluye medidas adoptadas por los gobiernos para ayudar a los estudiantes, especialmente los pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos, en aspectos financieros y económicos, y para ofrecerles servicios de orientación y asesoramiento destinados a ampliar su acceso”. Y continúa: “Corroboramos nuestro compromiso para facilitar la transferibilidad de becas y préstamos, a través de la acción conjunta, con el objetivo de hacer real la movilidad dentro del EEES”. Por último, en Noruega también se concluye en “la creación de oportunidades para unas vías de aprendizaje flexibles en la Educación Superior, incluidos los procesos para el reconocimiento del aprendizaje previo”.
El último de los eventos clave del proceso fue la Conferencia de Londres, de la que cabe reseñar: “…destacamos la importancia de instituciones sólidas, que sean diversas, financiadas adecuadamente, autónomas y responsables. Los principios de no discriminación y acceso equitativo deben ser promovidos y respetados en todo el EEES. Nos comprometemos en la defensa de estos principios así como garantizamos que ni los estudiantes ni el personal sufrirán discriminación de ningún tipo”.
En nuestro país estamos inmersos desde 1996 en un interminable proceso de modificación partidaria de la Ley marco del sistema universitario. Desde la Declaración de Bolonia hasta nuestros días (poco más de nueve años) hemos tenido cinco ministros distintos con sus correspondientes equipos ministeriales también distintos. Así no hay modo de acometer nada. Parece que ahora llegan las prisas porque el año 2010 es un límite cierto que nos obliga a la puesta en marcha de lo ya legislado. Y las prisas viene de que los decretos de aplicación del proceso en España han sido más un acto formal que una legislación aplicada, por necesaria o por entendida por quienes estaban destinados a sufrirla.
La Federación de Enseñanza de CCOO está participando en el proceso desde su inicio a través de la Internacional de la Educación, y de manera activa y comprometida aporta aquello que es su obligación como legítimo representante de los trabajadores.
Al mismo tiempo conminamos a la CRUE, a la CREUP, a las administraciones universitarias autonómicas y a la sociedad civil en general a que se impliquen en el proceso (desde los órganos de gobierno y participación de las universidades, hasta el instituto de Educación Secundaria más alejado) a que se participe, a que se vigile para que no se utiliza Bolonia para privatizar, para elevar los precios de los estudios (fijados por las comunidades autónomas) y tasas universitarias (fijados por los consejos sociales), para que el cambio metodológico que ponga en el centro al estudiante se materialice, que los recursos (becas e infraestructuras) crezcan…
En fin, esperemos que la hermosa idea de Europa que subyace en el proceso de Bolonia sea una realidad en nuestro país.
Etiquetas: xeral
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